Esta última semana fallecía, Antonio Cenador Baílez, padre del actual alcalde de Castrocalbón Luis A. Cenador, que en su día también fue alcalde y muy aplaudido por su labor de puesta en marcha de la zona recreativa del polideportivo que su hijo ha completado y ampliado.
Todo el pueblo acudió al tanatorio y al entierro de este gran hombre, querido por todos.
Emilio G. Ranz.-Redacción.- En el periódico de la pasada semana informábamos en exclusiva en «La Bañeza Hoy« que decenas, cientos de personas, damnificadas por el incendio del pasado verano NO ESTÁN recibiendo las ayudas prometidas por la Junta de Castilla y León –que sabe, por el Padrón, quien vive en cada municipio– pero ha efectuado unos trámites burocráticos engorrosos para no dar las ayudas a nadie. (Ayudas que acallaron críticas y manifestaciones contra Quiñones y Mañueco acusados por negligencia, tardanza en las actuaciones, falta de medios, derivar helicópteros a las Médulas cuando se necesitababn aquí –lo que causó que el fuego saltase el río Eria, matase dos personas y calcinase pueblos enteros como Palacios de Jamuz– (aunque todas estas presuntas negligencias, denunciadas por alcaldes en plenos, han sido tapadas por la Fiscalía, que dice no ver ningún indicio de delito en tardar 10 días en pedir recursos a otras comunidades autónomas y países para apagar un incendio que dejaron descontrolar, ante la incompetencia, falta de medios y recursos, que se solicitaron una y otra vez (declaraciones de un guarda forestal en onda cero radio el pasado verano). Alcaldes, como el de Castrocalbón, declararon en pleno diversas incidencias como la ubicación del Puesto de Mando Avanzado en una zona sin cobertura, etc.
Trámites engorrosos
La Junta de Castilla y León sabe –es consciente– que la mayoría de la población de los pueblos quemados es mayor. Gente que no sabe ni escribir. Otros que no saben leer (y muchos que aunque saben leer y escribir no entienden el lenguaje burocrático para rellenar los impresos). Mañueco sabe que la mayoría de la población del entorno rural no tiene un ordenador en casa ni acceso a internet. Y sabiendo todo eso han obligado a rellenar 8 folios para solicitar una ayuda que tendría que haber dado la Junta sin trámite alguno, ingresándonos el dinero en nuestra cuenta bancaria (porque para cobrarnos impuestos sí saben nuestras cuentas bancarias). La solidaridad de la gente de los pequeños pueblos, sin embargo, jugó en contra de la Junta, que hizo esto imposible para la gente mayor –ya no te digo de mi edad, sino a personas como mi madre y ya no te digo abuelas–. Las secretarias de los ayuntamientos ayudaron, en muchos casos, a cumplimentar los papeles, con lo que Mañueco se encontró con, quizás, muchas más solicitudes de las que quería recibir y, tal y como publicamos en el periódico de la pasada semana, han inventado doce motivos para no darlas.
Posible ilegalidad
Pero lo peor aún es que la Junta de Castilla y León –que recordemos aún no está en la cárcel por un delito continuado de robo a todos los castellanoleoneses por el ilegal céntimo sanitario, que no era un céntimo sino cinco por litro de combustible que se repostaba en nuestra Comunidad, y no se destinaba para Sanidad (se le obligó a devolver pero quitando los transportistas casi nadie lo pudo reclamar al carecer de facturas, y luego se amenazó de soslayo a quien reclamase la devolución de lo ilegalmente cobrado, a parte que se establecía sólo un plazo)–, lo ha vuelto a hacer ahora con esta ayuda a los afectados evacuados al denegar –como publicamos en el periódico de la pasada semana– decenas, cientos, de ayudas. Lo peor ES QUE NO SE HA INFORMADO A LOS AFECTADOS de dicha denegación lo cual, según ha consultado con expertos este periódico, sería «ilegal, y contravendría el artículo 14.1 en el que se establece la obligación de notificarse a las personas de forma que les lleguen las notificaciones. Es decir, la Administración de la Junta de Castilla y León podría estar cometiendo una ilegalidad al haber elaborado listados on line de las personas a las que les han denegado las ayudas (recordemos que la mayoría de la gente de nuestros pueblos, sobre todo nuestros padres ¡y ya no te digo nuestros abuelos!! carecer de acceso a internet, con lo que NO HAN PODIDO (y aunque pudiera muchos no saben) acceder a las notificaciones en los portales web de los ayuntamientos de las notificaciones de la Junta de denegación de dichas ayudas. Como sí publicamos en el anterior periódico la Junta de Castilla y León SÍ está notificando vía postal (correo ordinario) las ayudas concedidas pero NO las denegaciones, con lo cual la gente está esperando que le llegue la ayuda sin saber que se la han denegado, y por qué se la han denegado –y así no pueden alegar, ni recurrir, ni presentar la documentación que les falta: con lo cual nunca recibirán la ayuda–.
Fuentes oficiales informan a este periódico que se podría estar incumpliendo la ley 39/2015 artículo 68 y que «no puede haber silencio administrativo. Y que el tablon on line del portal web de los ayuntamientos con listados en PDF podría no valer y que se podrían estar incumpliendo los artículos 40 y 41.
El Director de este periódico, discapacitado, fue obligado a esperar colas –incompatible con su asperger– para presentar los 8 folios de documentación, no se le informó de la denegación de la ayuda aunque aparece en un listado de octubre, y ha tenido que ir tres veces al ayuntamiento para enterarse y presentar las alegaciones, y nos hemos podido enterar que algunas –muy pocas personas–, se han enterado y han recurrido o alegado la decisión de la Junta de denegarsela. Cientos de personas sin embargo continúan esperando tranquilamente en sus casas unos 500 euros que nunca les van a llegar, a pesar de haber sido evacuados y afectados por el incendio del pasado verano, porque desconocen que existe una página web / portal on line del ayuntamiento, en donde se han subido listados en los que se dicen por qué motivos les rechazan darles esa ayuda.... no podrán presentar la documentación o papeles que les faltan porque no se les han solicitado ni informado personalmente por Correo postal la incidencia... hasta que acabe el plazo de reclamación, y tengan por perdido recurrir y enmendar la solicitud original.
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE NO SE CONCEDEN SUBVENCIONES DE 500€ A FAMILIAS DE LOCALIDADES QUE HAN SIDO DESALOJADAS POR LOS INCENDIOS PRODUCIDOS EN EL VERANO DE 2025 EN CASTILLA Y LEÓN
En relación con los incendios acontecidos en el verano de 2025 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se publicó el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la
recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025 (BOCyL de 21 de agosto). En dicho acuerdo, se aprueba un paquete de medidas entre las que se encuentran las ayudas directas a las familias desalojadas de las
viviendas en las localidades afectadas por los incendios.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé la posibilidad de conceder directamente subvenciones en los casos en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El artículo 31.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, establece que los Consejeros, en el ámbito de la Consejería correspondiente, y los órganos superiores de gobierno de las entidades que integran la Administración Institucional, en el ámbito propio de cada entidad, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El Acuerdo de 28 de agosto de 2025, de la Junta de Castilla y León, por el que
se autoriza la concesión directa de subvenciones a las familias desalojadas de las viviendas en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025, estableció en su anexo I los términos previstos para su concesión y, por
ende, para su no concesión.
La Junta de Castilla y León, en su reunión del día 2 de octubre de 2025,
acordó autorizar a la presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León la no concesión de las subvenciones solicitadas que no cumplan los términos previstos para la concesión de estas
ayudas establecidos en el citado anexo I del Acuerdo de 28 de agosto de 2025, de la Junta de Castilla y León, así como aquellas solicitudes que no cumplan con las requisitos y obligaciones previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de aplicación.
El conflicto educativo en torno a la permanencia de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros de educación primaria del medio rural leonés suma un nuevo capítulo político. El PSOE de León ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla y León para exigir a la Junta que atienda la petición de las familias, tras mantener una reunión de trabajo con representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
Durante el encuentro —en el que participaron los procuradores autonómicos Nuria Rubio, Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández, junto a la secretaria ejecutiva provincial Argelia Cabado— las asociaciones trasladaron los datos actualizados de una movilización que no ha dejado de sumar apoyos desde las protestas del pasado mes de febrero.
Según el colectivo de familias, la medida afecta ya de manera directa a unas 3.200 familias. De los 114 centros públicos que vertebran la provincia, la mayoría se ha posicionado a favor de la la propuesta: 62 colegios ya han registrado la solicitud formal y otros 33 respaldan activamente la medida.
Las AMPA manifestaron ante los parlamentarios su profundo malestar por el silencio administrativo de la Consejería de Educación y por la "negativa" remitida desde la Dirección Provincial, a pesar de los requerimientos y solicitudes formales presentados consecutivamente durante los meses de febrero, marzo y abril.
Frente al argumento esgrimido por otras formaciones políticas sobre la rigidez de la normativa estatal, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, defendió que la administración autonómica dispone de herramientas suficientes si existe voluntad política. "La Junta no puede limitarse a decir que no es competencia suya cuando la propia normativa contempla fórmulas para adaptar la organización educativa a las necesidades del territorio", aseveró Rubio, insistiendo en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar desplazamientos prematuros a los niños de los pueblos.
Esta última semana fallecía, Antonio Cenador Baílez, padre del actual alcalde de Castrocalbón Luis A. Cenador, que en su día también fue al...
