La Asociación LEON PROPONE ha elaborado 60 propuestas para la prevención y extinción de incendios, para todas las AAPP, desde un modelo de ordenanza municipal para la limpieza de fincas a una ambiciosa unidad de drones de emergencias.
Las propuestas han sido presentadas al Presidente de la diputación Provincial de León, al Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y al subdelegado del Gobierno. También remitidas formalmente a los Ministerios de Transición Ecológica y Defensa y a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
La ola de incendios forestales que ha asolado especialmente el noreste de España en el mes de agosto de 2025, ha demostrado que las medidas de prevención y extinción con las que se contaba no fueron suficientes. De las 348.000 hectáreas calcinadas, 109.082 han ardido en la provincia de León. La irreparable pérdida de vidas humanas, viviendas, paisajes y recursos naturales y fauna y flora, exige que todas las administraciones revisen su sus normativas y protocolos de actuación para tratar de reducir al máximo los riesgos para que estas catástrofes se repitan en tal nivel y actuar con mayor grado de eficacia y eficiencia cuando se produzcan. También los ciudadanos particulares debemos contribuir a reducir esos riesgos que parecen inevitables en una coyuntura de fenómenos naturales extremos reiterados.
Con el objetivo de contribuir a esa revisión de actuaciones, la asociación «León Propone», con el asesoramiento altruista de profesionales de todos los ámbitos implicados en la materia, plantea una serie de medidas, con diferente grado de complejidad de implantación, que pueden contribuir a mejorar la prevención y defensa frente a los incendios forestales. Medidas que deben valorar cada uno de los actores públicos y privados cuyas actividades bienes y /o competencias exigen reforzar las actuaciones para una más eficiente labor preventiva y más eficaz labor extintiva.
En la web de la asociación se recogen las PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA ANTE INCENDIOS FORESTALES (https://leonpropone.org/60-propuestas-para-la-prevencion-y-defensa-ante-incendios-forestales) dirigidas a las Juntas Vecinales; Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Administración del Estado, incluidas las confederaciones hidrográficas y las fuerzas y cuerpos de seguridad; y otros agentes adicionales que puede también ser claves en la prevención, como los gestores de espacios naturales, grupos de acción local, agricultores y ganaderos; o empresas de trabajos forestales o que ejecutan trabajos en zonas con material incendiables en el medio rural.
El documento se complementa con una serie de modelos y estudios singulares: modelo de Ordenanza municipal de limpieza de fincas en el IUF; modelo básico de plan municipal de prevención y actuación ante incendios; notas sobre riesgos de acidificación de ríos y suelos tras incendios forestales en la provincia de León; y una evaluación técnica para implantar un Sistema Nacional de Drones de Emergencia.
Así, se propone que las Juntas Vecinales colaboren con los ayuntamientos en la toma de datos para elaborar los planes municipales de prevención de incendios en los respectivos núcleos de población y en su difusión e implementación. Ayuda también necesaria en la identificación de los propietarios reales y usufructuarios de solares y de parcelas en el interfaz urbano-forestal (IUF). Deben también mantener limpios de “maleza” los caminos rurales de su titularidad; informar del estado de los montes y otros campos comunales; y realizar una gestión forestal que permita una explotación económicamente rentable que garantice a la vez la protección y restauración de los montes y bosques, como gestores de montes comunales y titulares de otros terrenos forestales.
Para ayudar los Ayuntamientos a cumplir con su obligación a realizar su plan de prevención de incendios, se ofrece una guía básica; un modelo de ordenanza de limpieza de todas las fincas urbanas y terrenos contiguos al suelo urbano y medios jurídicos asegurar su cumplimiento. Y se plantea la necesidad de agilizar las declaraciones ruina de inmuebles y proveer a las Juntas Vecinales los recursos para mantener limpios los caminos.
El papel de las Diputaciones provinciales puede ser también muy relevante en la prevención y extinción de incendios, más allá de su competencia expresa en mantener servicios provinciales de atención de incendios en los pueblos. Además de mantener limpias las cunetas de las carreteras provinciales y ampliar el espacio de las mismas, las Diputaciones deben prestar apoyo técnico para elaborar planes de prevención de incendios y planes de emergencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes, modelos de ordenanzas y de contratos para servicios municipales; el apoyo técnico jurídico para asegurar el cumplimiento de esas ordenanzas y para la tramitación de expedientes de ruina; contribuir a la dotación y mantenimiento del material de prevención y contención de incendios a las entidades locales; el equipamiento y formación de los bomberos provinciales con criterios de eficiencia.
La Comunidad Autónoma es la Administración que tiene constitucionalmente atribuidas las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, por lo que deben asumir un rol más determinante en la lucha contra el fuego en el campo. En este momento es esencial que adopten con urgencia medidas para prevenir el arrastre de la materia orgánica de los suelos y la llegada de las cenizas a los cursos de agua, al igual que las confederaciones hidrográficas en las laderas de embalses y riberas de ríos. Las CCAA deben cumplir con puntualidad su obligación de aprobar los «planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales», con especial atención a la forma de ejecución de las medidas de prevención. Y ayudar técnica y económicamente a todas las entidades
locales en la ejecución de las medidas que les corresponden. Además de revisar la normativa autonómica sobre labores en montes y otros espacios naturales y agrícolas, para facilitar las labores de extracción del material fácilmente inflamable, sin perjuicio de las necesarias garantías medioambientales, pueden desarrollar herramientas informáticas que faciliten la solicitud y concesión de autorizaciones para labores de limpieza y aprovechamientos ordinarios de los espacios naturales; y promover el pastorero y la ganadería extensiva. Mejorar los cortafuegos, impulsar los “paisajes-mosaico” creando franjas verdes o desbrozadas para cortas el avance de los fuegos. En cuanto a los sistemas de prevención y extinción de incendios debe realizarse un riguroso análisis comparativo de las diferentes Comunidades Autónomas para buscar la forma más eficiente de prestación de estos servicios y crear Brigadas autonómicas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). En los servicios actualmente realizados por empresas privadas, han de revisar el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas contratadas para prestar servicios de prevención y extinción de incendios. Ante la evidente labor de limpieza que los rebaños de ovino hacen en la limpieza del campo, se plantea también la posibilidad de promover el cooperativismo ganadero extensivo y rebaños ovinos concejiles donde no haya iniciativa privada. Y a la vez, deben ser mucho más proactivas en la lucha contra el despoblamiento rural, con medidas fiscales y dotar de servicios adecuados al medio rural capaces de asentar población joven en los pueblos.
La Administración General del Estado debe reforzar los medios humanos de la Unidades Militares de Emergencia y su capacidad de actuación, así como los medios humanos y materiales del cuerpo policial de la Guardia Civil. Se plantea que la dirección de los servicios de emergencias y protección civil sean dirigidos por profesionales cualificados, seleccionados en función de su formación y experiencia y no de designación política. Se considera necesario actualizar las indemnizaciones por daños personales y materiales provocados por catástrofes naturales; revisar las penas que contempla el Código Penal para que resulten efectivamente disuasorias; modificar la normativa estatal de aguas, montes y agrícola para facilitar los aprovechamientos y labores de limpieza. Se propone también actualizar el sistema de financiación de las Diputaciones, en función de sus competencias y no de la población total de las provincias; y desarrollar un plan efectivo de lucha contra el despoblamiento rural, con medidas fiscales y sociales capaces de hacer rentable la vida en los pequeños pueblos, impulsar los mercados de carbono y reforzar la protección jurídicas de los montes comunales para evitar, mediante su desafectación, la despatrimonialización de las entidades locales.
En un plano más tecnológico y capaz además de desarrollar iniciativas empresariales generadoras de empleo cualificado de calidad, se propone Implantar un sistema informatizado de análisis de riesgos de incendios forestales de ámbito nacional, sistemas que se han implantado en otros países, precisamente con tecnología leonesa. Y se aporta un estudio técnico y económico para crear un Sistema Nacional de Drones de Emergencia que permitan, junto con sistemas de vigilancia por satélite, la detección temprana de incendios (con cámaras térmicas); una intervención rápida, con drones capaces de transportar cargas de extinción inicial -por ejemplo, con productos como el ECOFIRE- y suministros
esenciales de emergencia; cobertura de telecomunicaciones de emergencia (repetidores LTE/5G o enlaces satelitales); soporte a los servicios de tierra, con drones capaces de transportar grandes pesos. El estudio de León Propone incluye ejemplos de estos sistemas en países como Francia, Israel o Estados Unidos; detalla cuatro tipos de aparatos: drones de vigilancia de largo alcance (drones de ala fija); drones de intervención rápida (multirrotor pesado de gran capacidad de carga, >50 kg); drones ligeros autónomos (drones en caja, multirrotores ≤5 kg de carga); drones terrestres (UGV) y acuáticos (UUV) desde robots oruga robustos capaces de abrir brechas entre vegetación, transportar mangueras o incluso lanzar agua u otros líquidos donde no llegan los bomberos, hasta pequeños robots de exploración de escombros en derrumbes, equipados con cámaras y sensores de vida para búsqueda y rescate urbano. El estudio incluye un planteamiento de estructura operativa y de gestión; un plan de despliegue, costes y escalabilidad. Se estima una inversión inicial en torno a 100 millones de euros para desplegar sistema a plena capacidad nacional, incluyendo la compra de equipos, desarrollo tecnológico e instalación de infraestructura y un coste de mantenimiento anual de unos 10 millones, costes muy inferiores a los de los helicópteros y otros medios aéreos.
Desarrollar este equipamiento de alta tecnología y capacidad dual (emergencias y conflictos bélicos) permitirá impulsar una industria que ya se ha demostrado imprescindible en los nuevos escenarios de desastres naturales y guerras hibridas. En León se debería impulsar la creación de un ‘clúster’ o ‘hub’, con participación de entidades públicas y empresas privadas para la investigación y fabricación de estos aparatos, pues cuenta con sede de empresas punturas como INDRA o Invicsa Airtech, además de ser sede operativa de la unidad de drones de la UME (UDRUME) y los servicios clave de ciberseguridad del INCIBE. Esto podría ayudar a fortalecer un polo tecnológico en la región que ayude a superar la crisis económica y demográfica que atraviesa.
Estas medidas han sido ya expuestas directamente al Presidente de la Diputación de León, Consejero de Fomento y Subdelegado del Gobierno, que acogieron estas propuestas de forma favorable e informaron también a los miembros de la asociación «León Propone» de las iniciativas que ya están desarrollando las tres administraciones. Así, la Diputación ya está realizando, entre otras actuaciones, un inventario de bienes y servicios dañados por los incendios en los municipios y ha difundido el modelo de ordenanza de limpieza de fincas elaborado por la asociación. El Consejo de Medio ambiente informó de la normativa ya aprobada por la Junta para aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas (Decreto 4/2025); el Plan de especial de protección Civil, INFOCAL (D. 6/2025) o la planificación y ordenación forestal (D. 12/2025), que ya contemplan algunas de las medidas planteadas por León Propone. También informó de normas en elaboración para pasar a régimen de mera comunicaciones aprovechamientos en los montes o para dar mayor cobertura a las ordenanzas municipales de limpieza de finas en IUF, ayudas directas al pastoreo, y se comprometió a estudiar la forma de informatizar y agilizar las autorizaciones para quemas controladas en el campo en las épocas en las está permitido. Por su parte, el Subdelegado informó que estaba trabajando ya en una propuesta para actualizar el régimen de ayudas ante desastres naturales y los requisitos para acceder a ellas, y se comprometió a elevar las medidas y estudios planteados por la asociación a los órganos competentes de la AGE. También León Propone remitirá esas propuestas algunos organismos públicos, como la CHD, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias o el Ministerio de Defensa.
