- Denuncia que la normativa sobre incendios aprobada en septiembre de 2025 abre la puerta a la especulación forestal y energética en Castilla y León y en todo el Estado
12 septiembre 2025.- El pasado 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, el Gobierno central y la Junta de Castilla y León publicaron de forma casi simultánea una batería de normas destinadas, según afirman, a la “prevención, vigilancia, extinción y recuperación” frente a los incendios forestales. Sin embargo, lejos de situar la biodiversidad, el agua, los suelos y la población rural en el centro de las políticas, los textos legales analizados revelan una preocupante deriva: la conversión de los montes incendiados en cantera de biomasa y negocio energético.
Las normas que hablan de lo mismo sin decirlo
El Real Decreto 716/2025, del Ministerio para la Transición Ecológica, fija criterios comunes para los planes anuales autonómicos contra incendios.
El Decreto 12/2025 de la Junta de Castilla y León regula la ordenación forestal, sustituyendo al antiguo marco de 1999.
En conjunto, estas disposiciones, publicadas casi a la vez, configuran un nuevo andamiaje normativo que normaliza la movilización masiva de biomasa y facilita redes de calor y macroproyectos energéticos, sin establecer frenos a la especulación ni garantías ambientales reales.
Lo que se omite: un catálogo de ausencias
Prohibición de especulación: Ninguno de los textos incorpora la veda histórica que debe recaer sobre los montes incendiados para evitar su explotación inmediata.
Participación social: Vecinos, vecinas y ayuntamientos locales han quedado al margen. El Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 se convierten en letra muerta.
Biodiversidad ignorada: No hay indicadores obligatorios sobre especies, agua o paisaje. Se habla de “gestión activa del combustible”, nunca de regeneración natural.
Prevención de erosión e hidrología: El riesgo de desertificación y pérdida de cauces post-incendio ni se menciona.
Custodia del territorio: No se refuerzan las figuras de protección comunitaria ni la vigilancia social de los montes.
Transición energética descentralizada: Se prioriza la biomasa industrial frente a modelos locales, de pequeña escala y bajo impacto.
Límites de biomasa: Ninguna norma establece umbrales de extracción o movilización, abriendo la puerta a un aprovechamiento abusivo.
Protección real de zonas incendiadas: Aunque la Ley de Montes (art. 50) establece restricciones, los nuevos marcos las soslayan con discursos de “bioeconomía” y “prevención”.
Como si no bastara con reducir la recuperación a un mero negocio forestal y energético, estas normas incurren en lo que solo puede calificarse como el colmo del olvido hacia la ciudadanía: ninguna de ellas aborda la emergencia sanitaria causada por el humo de los incendios forestales. Las partículas y gases tóxicos que saturan el aire tras cada fuego afectan de manera directa a la salud de miles de personas, provocando crisis respiratorias, cardiovasculares y aumentando la vulnerabilidad de niños y mayores. Pese a esta evidencia científica, no se prevén protocolos de alerta, ni refugios de aire limpio, ni coordinación sanitaria en los territorios afectados. Se deja así a la población expuesta, indefensa y sin información, en una flagrante vulneración del derecho constitucional a la salud (art. 43 CE) y del Convenio de Aarhus, que exige garantizar información y protección ante riesgos ambientales
El verdadero rostro de la política forestal
Las nuevas normas dibujan un relato oficial de modernización y eficiencia, pero la realidad es otra: se sustituye la restauración ecológica por la explotación forestal, se entrega la gestión del territorio a consultoras y empresas de biomasa, y se reduce la recuperación post-incendio a un negocio disfrazado de sostenibilidad.
En lugar de reforzar brigadas públicas, proteger la biodiversidad, regenerar los suelos y dar voz a la ciudadanía, la Junta de Castilla y León y el Gobierno central han tejido un marco legal que mercantiliza el fuego y abre la puerta a que cada hectárea quemada se convierta en kilovatios de calor urbano.
Frente al planteamiento mercantilista de la catástrofe sufrida, la ciudadanía tiene derecho a exigir: Restauración ecológica real, con especies autóctonas y regeneración natural; Planes de prevención de erosión y cuidado hidrológico; Transparencia y participación vecinal vinculante; Límites claros a la extracción de biomasa y protección estricta de zonas incendiadas.
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