El juez Baltasar Garzón encausado por cumplir su deber

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA LAMENTA QUE EL JUEZ BALTASAR GARZÓN SEA ENCAUSADO POR CUMPLIR SU DEBER

LA JUSTICIA ESPAÑOLA HA PREVARICADO DURANTE AÑOS INCUMPLIENDO SU DEBER DE INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA

ES INCOMPRENSIBLE QUE EL JUEZ GARZÓN PRESTE DECLARACIÓN ANTE UN TRIBUNAL Y JAMAS LOS HAYA HECHO NINGUNO DE LOS MILES DE TORTURADORES, ASESINOS Y DELATORES DEL FRANQUISMO

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera tremendamente injusta y paradójica la situación generada por el Tribunal Supremo con respecto a la causa admitida contra el juez Baltasar Garzón. Consideramos que la admisión a trámite de la querella de la organización Manos vulnera los principios básicos del derecho humanitario. Es incomprensible que tratar de buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos tan graves, como las cometidas por la dictadura franquista, puede ser considerado como delito. Para las víctimas franquista es una humillación ver que el juez que trató de buscar a los miles de desaparecidos que permanecen en fosas comunes pueda ser condenado por ello.

En un país en el que todavía viven miles de torturadores, delatores y asesinos que formaron parte de la máquina de terrorismo de Estado que fue el franquismo, parece mentira que el que vaya a declarar sea quien ha tratado de dilucidar esos hechos y sus responsabilidades y que jamás haya sido llevado ante un juez ni uno solo de quienes cometieron incontables y gravísimas violaciones de derechos humanos.

Todavía hay en nuestras cunetas miles de hombres y mujeres cuyos crímenes no han sido resueltos y miles de familias ignoradas por la justicia española. Desde la ARMH consideramos que los jueces que deberían ser evaluados son todos aquellos que teniendo conocimiento a notificación de crímenes cometidos por la dictadura no llevan a cabo ni las diligencias básicas que marca la ley de enjuiciamiento criminal con respecto a la aparición de restos humanos con evidencias de muerte violenta. Ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado se han comportado como deben hacerlo en un Estado de derecho, ignorando el sufrimiento de las víctimas, encubriendo indirectamente a los victimarios y no mostrando ningún interés por aclarar los hechos y trabajar para que quienes padecieron tanto sufrimiento puedan ejercer su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Numerosas instituciones y organismos internacionales han avalado el deber del Estado español de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Pero ni el Gobierno, ni el Fiscal General del Estado, ni la Sala de la Audiencia Nacional han considerado oportuno hacerlo. Han preferido incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Declaración sobre Desaparición Forzada de la ONU que abrir un proceso que permita resolver los numerosos crímenes que al no prescribir sigue cometiendo la dictadura franquista.