La Unión, organización estatal en la que se integra la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) demanda al Gobierno que aumente la vigilancia en las zonas rurales ante la creciente oleada de robos en el campo que se extiende desde cosechas y animales hasta maquinaria y motores de riego, lo que provoca la indefensión e impotencia de los agricultores y ganaderos.
Aparte de las pérdidas directas que ocasionan los robos en el campo el problema añadido es el de los destrozos que se ocasionan en las instalaciones, sobre todo por lo que se refiere a los pozos de riego y casetas de campo donde los desperfectos suelen costar más del triple de lo que se llevan.
La Unión solicita al Gobierno que plantee una estrategia clara al respecto, junto a las comunidades autónomas, para perfilar un mapa de las zonas más afectadas, realizar un seguimiento y mejorar la eficiencia en la prevención y persecución de esos delitos en las zonas rurales.
En este sentido solicita al Gobierno que traslade a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la necesidad de extremar la vigilancia en las zonas rurales, que se controle exhaustivamente la mercancía o maquinaria que sale de las mismas y que se realicen visitas periódicas de inspección a aquellas empresas o comercios sospechosos de comerciar con productos agrícolas robados o con herramientas o cobre sustraídos en esos lugares.
José Manuel de las Heras, coordinador estatal de La Unión, señala que “las Administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales deben darse cuenta que la vigilancia y control no termina con las últimas casas de los pueblos y que las zonas rurales no deben quedar desamparadas en todo lo referente a la seguridad de las mismas. Los agricultores y ganaderos, los habitantes de las zonas rurales, pagamos nuestros impuestos igual que los de las zonas urbanas, pero lamentablemente no disponemos de los mismos servicios”.
La Unión denuncia que los robos pone en peligro el desarrollo de la actividad agraria y recuerda que la mayoría de los hurtos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el Código Penal como una mera falta de hurto que sólo se castiga con una pequeña multa. El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo se pueden cometer varios robos en un breve plazo de tiempo y ser tipificados no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere 400 euros.
Hay que tener en cuenta, además, que por parte de las compañías aseguradoras, en muchos casos, trasladan al agricultor o ganadero un incremento en la prima desmesurado, o unas condiciones para asegurar bienes cuyos costes, en ocasiones supera el precio del bien a asegurar o incluso se niegan a asegurar equipos.
El coordinador estatal de La Unión “anima a todos los agricultores y ganaderos a presentar una denuncia por pequeño que sea el robo, porque los datos que presentan las autoridades como balance de las zonas rurales no se corresponde con el de los delitos cometidos al no existir en numerosas ocasiones denuncia de por medio”.