El Director General se empeña en cerrar los ojos en las zonas de ganadería extensiva, justo donde el problema es mayor y los índices de prevalencia son más altos, y sigue obsesionado en mejorar los datos sobre el papel, aplicando una política de tierra quemada consistente en matar vacas por centenares para tratar así de reducir la prevalencia, en aras a una erradicación imposible. Todo ello, sin contar en ningún momento con la opinión de los ganaderos.
UCCL /remitido.- Se agotan los calificativos para definir la política de sanidad animal ejercida por la Junta de Castilla y León, al tiempo que se agota la capacidad de aguante de los ganaderos ante tanto despropósito, tanta arbitrariedad y una indefensión absoluta frente a los continuos atropellos, cometidos desde hace ya demasiados años por parte de los encargados de aplicar la política sanitaria en Castilla y León. Esta indefensión está provocada por una legislación represiva, donde solo figuran obligaciones y absolutamente ningún derecho para los ganaderos, agravada enormemente por la aplicación cicatera de esta legislación por parte de la Junta de Castilla y León, más empeñada en lavar su imagen ante la Unión Europea, tratando de ofrecer unos datos impolutos, que en mejorar la situación sanitaria de las ganaderías.
La situación en las zonas de ganadería extensiva de la región, comprendidas por el Norte de Burgos, León y Palencia, así como la sierra de Avila y Segovia, se está haciendo insostenible por momentos. Los índices de prevalencia en tuberculosis lejos de reducirse, continúan aumentando, al tiempo que reaparece la brucelosis en algunas zonas, donde prácticamente había desaparecido. La convivencia en estas zonas de la cabaña ganadera con las especies silvestres supone un problema añadido, ya que estas especies no cuentan con ningún programa específico de control, y campan a sus anchas mezcladas con la cabaña doméstica. Todo esto ocurre después de más de veinte años de aplicación de la política de sanidad animal y campañas de saneamiento oficiales.
Las consecuencias de esta situación para los ganaderos bien se pueden calificar de catastróficas, ya que observan con impotencia como año tras año les sacrifican sus vacas indiscriminadamente (y arbitrariamente en demasiados casos) en las incesantes campañas de saneamiento oficiales, recibiendo una indemnización ridícula respecto al precio real de mercado, provocando pérdidas inasumibles y mermando las reses de las explotaciones hasta llevar a cientos de ellas a la ruina, y a los ganaderos a la desesperación mas absoluta.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) no compartimos la visión idílica que desde la Dirección General se hace de la situación sanitaria en nuestra región. Ya que diluyen los datos de las zonas más conflictivas mezclándolos con los del resto de la región. El problema real y gravísimo está en las zonas citadas anteriormente en la cabaña de vacuno extensivo, y esto es precisamente lo que se niegan a reconocer desde la Junta, tratando simplemente de enmascarar el problema y reducirlo en lo posible a base de matar vacas, para no empañar los datos impolutos que les exigen desde Bruselas.
Ante esta gravísima e injusta situación, desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) demandamos a la Consejería una interlocución constante y fluida con los legítimos representantes de los ganaderos para diseñar y aplicar las políticas de sanidad animal, así como las campañas de saneamiento ganadero. Para ello exigimos la creación urgente del Consejo Asesor de la Sanidad Animal, que sirva como órgano consultivo previo a las actuaciones anuales de saneamiento, y no una mera reunión informativa al año, como la que se ha celebrado esta mañana, donde se limitan a ofrecer datos a toro pasado.
En el ámbito nacional, exigimos que el Ministerio cumpla la Ley de sanidad animal, y que se cree por tanto el Comité Consultivo de la sanidad animal donde estén las opas de ámbito nacional, para cumplir las mismas funciones citadas en el apartado anterior.
Por otra parte, y como medida urgente para empezar a invertir la actual situación de indefensión que padecen los ganaderos, exigimos la regulación urgente de un protocolo de actuación en materia de sanidad animal que garantice los derechos fundamentales de los ganaderos en las actuaciones de campañas tales como:
* Derecho a realizar pruebas de contraste en caso de no estar de acuerdo con los resultados oficiales
* Derecho a recibir los informes de las pruebas de diagnóstico realizadas a los animales
* Derecho a recibir por escrito los resultados
* Derecho de recibir, en cada acto de ejecución de campaña de saneamiento, el acta correspondiente.
* Eliminación de la prueba conocida como Gamma Interferón para tuberculosis, por considerarla de más que dudosa fiabilidad, provocando cientos de sacrificios inútiles cada campaña de los cuales, tras realizar el cultivo post-mortem por parte de la propia administración entre el 75% y el 80% dan resultado negativo. O en todo caso que esta prueba se realice únicamente a petición de parte.
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