En el encuentro ha participado personal de la empresa pero no el CEO de la misma.
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La Fundación Anclaje se ha reunido, en la tarde de este jueves, 10 de julio para abordar la situación de Azucarera, en un encuentro en el que han participado representantes de la compañía en el que, en principio, se buscaban “alternativas” al cierre de la planta de La Bañeza en León.
Todo tras el acuerdo sobre el ERE y el cierre alcanzado con la parte social, con los sindicatos, en algo que tiñe de negro el futuro de Azucarera en la provincia leonesa. En definitiva, que Junta y Azucarera se han reunido para decidir si hay relevo industrial en la fábrica de La Bañeza tras un cierre ya aprobado.
Alberto Miguel Lorenzo, vicesecretario general de Política Sindical de UGT Castilla y León y Gorka López, secretario de acción sindical y coordinación sectorial de UGT FICA Castilla y León, han acudido junto a los delegados sindicales de las plantas de Azucarera en La Bañeza, Toro y Benavente.
Lo han hecho a la Fundación Anclaje con el fin de tener una reunión con representantes de la empresa que “denegó su participación en las dos reuniones de trabajo celebradas hasta el momento para tratar de resolver la situación”, apuntan desde UGT.
Desde el sindicato han valorado “positivamente” la presencia de la empresa en la reunión, pero “han echado en falta la presencia del CEO o de algún representante con capacidad de decisión que pueda dar la cara y tomar decisiones viables en la reunión”.
Desde UGT señalan que “llueve sobre mojado” en Castilla y León y que existe el antecedente de lo que ocurrió en Monzón de Campos, Benavente o Peñafiel.
“Tiempo después sigue sin existir en esos municipios un plan de reindustrialización o diversificación sectorial ni ninguna propuesta que logre recuperar la actividad económica y afianzar puestos de trabajo para compensar los perdidos”, añaden.
Desde UGT aseguran “no dudar de la voluntad de la administración en búsqueda de soluciones” pero añaden que “no han visto resultados porque aún no han conseguido que Castilla y León resulte atractiva para asentar proyectos empresariales que promuevan la economía circular y fomenten la soberanía alimentaria”.
“Dejan a las familias tiradas”
Gorka López, secretario de acción sindical y coordinador sectorial de UGT FICA Castilla y León, tras la reunión, ha afirmado que “van a seguir reivindicando la defensa del sector azucarero y la reindustrialización de las zonas despobladas”.
“Son grandes empresas multinacionales que no les importan sus trabajadores y cierran y dejan a las familias tiradas. Valoramos la presencia de miembros de la compañía, pero echamos de menos la presencia del CEO”, ha finalizado.
Peticiones desde CCOO
El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, también ha estado presente en la reunión y ha asegurado que “ha pedido certeza para los agricultores, un plan industrial y alternativas industriales para La Bañeza”.
La planta de Azucarera de La Bañeza fía su salvación a la fundación que rescató la fábrica de Vestas pero fracasó con Lauki
La Fundación Anclaje ha conseguido atraer a tres representantes de ABF para plantear alternativas al cierre de la histórica factoría de León.
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Una vez resuelto el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 194 trabajadores de Azucarera, la histórica planta de La Bañeza (León) busca un salvavidas para evitar el cierre anunciado por su dueña, Associated British Foods (ABF). Algo difícil, pero no imposible. De hecho, existe una llave que puede cambiarlo todo.
UPL exige impugnar el cierre de Azucarera en La Bañeza por "fraude de ley"
La formación leonesista sostiene que la empresa "incumplió la legislación" y denuncia "irregularidades en la convocatoria y votación de la asamblea de trabajadores"
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que impugne tanto el cierre de la fábrica de Azucarera en La Bañeza como el despido colectivo de sus 194 trabajadores, al considerar que ambos procesos podrían haberse llevado a cabo "en fraude de ley", tal y como explica la formación en una nota de prensa remitida a los medios.
Los leonesistas han registrado una batería de preguntas en las Cortes en la que cuestionan la legalidad del procedimiento seguido por la empresa. Según denuncia UPL, Azucarera "incumplió la legislación" al no comunicar con al menos seis meses de antelación el cierre de un centro de trabajo cuando afecta a más de cincuenta empleados, como estipula el Real Decreto 608/2023 que regula los despidos colectivos.
Además del incumplimiento de plazos, el partido señala "irregularidades en la convocatoria y votación de la asamblea de trabajadores" celebrada el pasado 26 de junio. Según exponen, la votación se organizó apenas 12 horas después de anunciarse el preacuerdo que implicaba el cierre de la planta, sin tiempo suficiente para que toda la plantilla pudiera informarse y participar. Solo 75 de los 141 trabajadores acudieron a la asamblea, y 47 votaron a favor del acuerdo, lo que supone apenas un tercio del total. "El 67% de los trabajadores no dio su consentimiento a un preacuerdo que conlleva el cierre de su centro de trabajo", denuncia UPL.
Entre las irregularidades detectadas, destacan también la falta de un censo oficial de votantes y el uso de una caja de cartón opaca y sin precinto como urna, circunstancias que, según UPL, vulneran las garantías básicas del proceso democrático interno. Estas deficiencias, a juicio del partido, "siembran serias dudas sobre la legitimidad del resultado y podrían suponer un fraude de consecuencias muy graves".
La crítica se apoya también en lo estipulado en el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita a la autoridad laboral —en este caso, la Junta de Castilla y León— para impugnar acuerdos relacionados con despidos colectivos cuando estos se hayan alcanzado mediante fraude, coacción o abuso de derecho. En este sentido, UPL insta al Ejecutivo autonómico a intervenir con urgencia y suspender los efectos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado en Madrid el pasado 3 de julio, que prevé la ejecución de los despidos antes del 31 de agosto.
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