UCCL / Rtdo.- La ayuda a los productores de remolacha azucarera, acogida a los planes de
competitividad, prevista para 4 años, fue suprimida por la Consejería de Agricultura el
segundo año (campaña 2011/2012) una vez que ya se había sembrado y entregado
la remolacha al precio pactado. Esta supresión originó una gran indefensión a los
cultivadores, quienes vieron cómo a mitad de partido se modificaban las reglas de
juego.
Por ello, nos vimos obligados a acudir a los tribunales y ya existen varias
sentencias que anulan la Orden que suprimía la ayuda, y la Consejería ha hecho
efectivo el pago a los remolacheros que acudieron a los juzgados. Expresamente una
de las sentencias especifica “debemos anular y anulamos la misma, por ser
disconforme con el ordenamiento jurídico, reconociendo a la vez su derecho
a que prosiga el procedimiento iniciado hasta dictarse las resoluciones que
fueran procedentes en Derecho”
Tras estas sentencias, UCCL intentó que se continuará la tramitación de los
expedientes de ayuda, mediante solicitudes individuales de cada remolachero ( más de
600) y ante el silencio de la Administración, mediante la interposición de recursos.
De nuevo la Consejería ha hecho oídos sordos y nos obliga a “colapsar” el TSJ
de Castilla y León, presentando todas las reclamaciones.
Para esta Organización se está vulnerando un derecho constitucional de todos
los administrados y produciéndose un agravio comparativo entre remolacheros , ya que
sólo aquellos que acudieron a la vía judicial han cobrado los 3€/t de la campaña
2011/2012 pese a que las sentencias obligan a la Consejería a continuar con la
tramitación de los expedientes de ayuda no resueltos.
miércoles, 11 de julio de 2018
UCCL se ve obligada a interponer 139 demandas ante el TSJ para reclamar la resolución de los expedientes de ayuda de los 3€/t de remolacha de la campaña 2011/2012 que la Consejería de Agricultura anuló cuando la campaña ya había finalizado
–Esta Organización Agraria continuará en los próximos días interponiendo
nuevos recursos de los remolacheros que, después de 6 años, todavía no han
obtenido la repuesta favorable de la Administración
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